Por: Franco Medina, periodista
En 2007 en Argentina se sancionó la Ley de Bosques, una herramienta pionera en abordar la problemática de la pérdida de bosques nativos que permitió visibilizar y darle importancia a la deforestación. Sin embargo, a casi 15 años de su sanción, hay muchos de sus objetivos principales que están muy lejos de cumplirse.
Desde su reglamentación, en 2009, las provincias presentaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), los cuales prohíben los desmontes en casi el 80% de las zonas forestales, pero pocas realizaron su actualización, que por norma lo deberían hacer cada 5 años. A su vez, los OTBN de Buenos Aires, Corrientes y Formosa, fueron muy cuestionados por dejar zonas donde se permite solicitar permiso de desmontes.
Un informe de Greenpeace, demuestra que en 2021 la deforestación en el norte argentino alcanzó las 110.180 hectáreas, el equivalente a cinco veces la ciudad de Buenos Aires. Las provincias más deforestadas fueron: Santiago del Estero (52.290 hectáreas), Formosa (29.165 hectáreas), Chaco (18.068) y Salta (10.657). Para sumar un agravante, el 80% de la deforestación en Santiago del Estero fue ilegal, y la totalidad de los desmontes en Chaco también, ya que esta actividad se encuentra suspendida por la justicia provincial.
En una entrevista a este medio, Hernán Giardini, Coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, explicó que en los últimos 30 años la principal causa de deforestación tiene que ver con el avance de la frontera agropecuaria hacia el norte del país. A mediados de los '90 cuando se aprueba la soja transgénica, empezó a expandirse la producción, primero en la zona pampeana y después subió hacia el norte por el bajo precio de la tierra. "Una hectárea en la zona pampeana puede estar entre 15 y 30 mil dólares, mientras que en el norte se consiguen hectáreas con bosques a solo 500 dólares", agregó Giardini.
Desmonte ilegal en Santiago del Estero. Foto: Martín Katz, Greenpeace
Al vivir en la ciudad y estar muchas veces alejados de las zonas deforestadas, no llegamos a ver los efectos negativos inmediatos, ya sea la perdida de biodiversidad o como comunidades indígenas y campesinas se quedan sin sus hogares. Recién empezamos a tomar cierta conciencia cuando nos sentimos afectados directamente, al sufrir las olas de calor, que son cada vez más frecuentes, o el aumento de las inundaciones, todas problemáticas que influyen en la crisis climática. Otra forma en las que nos tocan directamente los desmontes es con el aumento de enfermedades. "La deforestación está generando un mayor contacto con los mosquitos que transmiten el dengue, la leishmaniasis y la malaria, distintas enfermedades que tienen directamente que ver con la destrucción del hábitat natural de los mosquitos", explicó Giardini.
Otros de los objetivos que no se cumplen de la Ley de Bosques, son las multas y los controles. "Cuando son muy bajas los ganaderos o productores agropecuarios la pagan sin problema y siguen desforestando, tampoco los obligan a reforestar, aunque la ley lo diga", detalla Hernán. A su vez, agrega que si las multas son muy altas las judicializan.
La reforestación está planteada por la ley pero no se cumple
De igual manera, por más que se pueda hacerlo en algunas partes, el nivel de deforestación es tan alto que hace imposible recuperar lo perdido. Muchas zonas que se deforestan tardan entre 40 y 50 años en recuperarse, por lo que no hay la cantidad de viveros forestales que haría falta. Se pierden más de 100 mil hectáreas de bosques por año y en cada una de ellas hay por lo menos 300 árboles, a los que hay que sumarles arbustos. "En algunos casos hay una recuperación posible si hubiera cerramientos de esas fincas, en otros, la deforestación es tan alta y amplia que hace imposible recuperarlo", explica Giardini. Además, agrega que más que reforestar, hay que parar de deforestar, para eso necesario una penalización, porque el sistema de multa que hay actualmente y la responsabilidad de los gobiernos no alcanzan para frenar esta problemática.
Respecto a estos últimos actores, muchas veces ellos mismos autorizan desmontes selectivos en zonas donde la Ley Nacional no lo permite, como el caso de Chaco y Santiago del Estero, usan el argumento de que es una ganadería sustentable pero en las prácticas termina siendo un desmonte en etapas. Además, desde la sanción, todavía no hubo un período en el que el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se corresponda con lo que la norma establece. Según el medio digital, La Política Online, en 2021, mismo año del informe de Greenpeace, el presupuesto asignado a la Ley de Bosques, fue de $1.214 millones de pesos, cuando debería ser de $45 millones.
La deforestación indiscriminada y las faltas de acción para controlarla o evitarla, son la antítesis de lo que presentan los gobiernos, nacionales y provinciales, con el discurso. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Alberto Fernández, firmó un acuerdo en la COP26 para frenar y revertir la deforestación, sin embargo, el presupuesto para la Ley de Bosques en 2022 es el más bajo desde su sanción. Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, en marzo de 2021, por Twitter, se comprometió a "brindar soluciones a las problemáticas forestales", con la idea de "promover un buen uso de los bosques nativos", pero su provincia fue una en las que más deforestaciones hubo a pesar de que esta actividad está suspendida por la justicia provincial.
Son solo dos ejemplos de la inacción, o en otros casos, del silencio por parte de quienes tienen que controlar y sancionar esta problemática, que no empezó en 2019 con la presidencia de Alberto Fernández, o en 2015, con la de Mauricio Macri, la deforestación en el norte argentino lleva más de 30 décadas, en las que ningún gobernante, más allá de las palabras, muestra voluntad de ponerle fin.
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