La investigación realizada por RUIDO, una red nacional de comunicadores, especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles, determinó que en 7 de cada 10 provincias argentinas, no se sabe cuanto cuesta una obra pública, y en los que sí se sabe, no se encontrará la información completa. La organización relevó datos de tres obras importantes, vial, de salud y polémicas, en cada uno de los 24 distritos nacionales.
RUIDO solicitó información de fechas, licitaciones, costos, redeterminaciones de precios e inspecciones a las dependencias pertinentes de cada distrito, pero en la mayoría de los casos no tuvieron respuestas, el 83% de las provincias no respondió al pedido de acceso a la información, y en ninguna se encontró el 100% de los datos solicitados.
Ley 27275: Tiene como objetivo garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. Además dicha disposición, establece que la información debe ser accesible a todas las personas, se debe publicar de forma completa y gratuita.
Ante la escasa o nula predisposición de los gobiernos provinciales para brindar la información pública, muchas de las cifras que están en el relevamiento, fueron sistematizadas por RUIDO a partir de información periodística, o por declaraciones públicas de funcionarios difundidas en distintos medios locales.
Si bien el objetivo inicial de RUIDO era comparar entre las provincias el costo de un kilómetro de autovía o de metro cuadrado de centro de salud construido, el relevamiento demostró esa imposibilidad ante la falta de información pública que, en muchas ocasiones, se debió a un esfuerzo sostenido de las administraciones oficiales por mantenerla oculta.
"La dispersión y la falta de datos y la imposibilidad de conocer fechas certeras de adjudicaciones o de pagos impiden, por ejemplo, que se pueda realizar una conversión confiable a precios constantes y, por ende, comparar costos entre las provincias. Incluso, eso imposibilita establecer cuánto se gastó en una obra, en base a diferentes desembolsos, respecto de lo inicialmente presupuestado (controlando el efecto de la inflación)", detallan en la investigación.
A su vez, agregan que de esta manera, nadie termina por saber si una obra se pagó a un costo razonable o si, por el contrario, fue exorbitante y resulta sospechoso. Precisamente, que este rubro fundamental de la gestión pública sea imposible de controlar da margen para alentar la idea de que la corrupción es inevitable en este ámbito.
Santiago del Estero
Otro de los hallazgos importantes de la investigación realizada por RUIDO, sobresale el costo del polémico estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.
La obra lujosa, con un campo de juego de primer nivel y palcos vip, fue construido en una de las provincias más pobres, con más del 45% de pobreza. En un principio tenía un presupuesto de casi 900 millones de pesos que, teniendo en cuenta la inflación, equivalen a más de 4 mil millones de pesos actuales (de febrero de 2022). Las últimas informaciones periodísticas publicadas llevaban una cuenta de 1.500 millones gastados.
Pero a través de decretos obtenidos por Ruido (la Provincia no los hace públicos) detectamos que esa suma -del estadio y de sus obras complementarias- alcanza ya 3.031.373.635 pesos.
Al controlar por inflación, el gasto realizado ya suma más de 9 mil quinientos millones de pesos actuales, es decir, más del doble de lo inicialmente presupuestado una vez descontada la inflación.
Además, la mayor parte de dichas obras se realizó por contratación directa.
Formosa
La provincia gobernada por Gildo Insfrán no muestra datos, ni respondió los pedidos de acceso a la información de la organización.
Las tres obras elegidas por RUIDO fueron:
Autovía de la Ruta Nacional Nº 11 en el tramo Tatané-Formosa.
Centro de salud del barrio Bernardino Rivadavia.
Palacio Legislativo.
El último, también conocido como "Palacio de la Corrupción", comenzó a construirse hace más de 20 años bajo el gobierno de Floro Bogado, y continúa inconclusa en pleno centro de la ciudad. En 2015, con la realización de distintos estudios técnicos y relevamientos en su estructura, se reiniciaron las actividades para retomar la obra. La reactivación de la obra está a cargo de la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia y tendrá como finalidad usarlo para oficinas públicas.
Según lo detallado por RUIDO, en 1996 el entonces senador nacional Alberto Maglietti (UCR-Formosa) presentó ante el juzgado criminal y correccional federal de Jorge Urso una denuncia por malversación de caudales públicos, en la que involucraba a los ministerios del Interior y de Economía de la Nación, al gobierno de Formosa y a la empresa constructora Viggiano.
Según Maglietti, el Estado nacional “tomó a su cargo el pago de 32.550.000 pesos” (a valores de 1996) para la construcción de la Legislatura formoseña, a pesar de que la obra ya estaba paralizada y cuyo valor de base no superaba el millón de pesos.
Maglietti aseguró en ese entonces que ese monto “cayó en el agujero negro provincial, pues la Legislatura no ha recibido un solo peso para continuar la obra, siendo que es ella la deudora, mientras que los fondos fueron repartidos entre el Banco de la Provincia de Formosa, sin atribución legal alguna y la empresa Viggiano Construcciones a la que le debería haber pagado su comitente y no el Banco, que era su acreedor”.
El jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, negó entonces que existieran irregularidades.
Al realizar el relevamiento de Obra Pública, Ruido envió pedidos de información sobre las obras de infraestructura mencionadas en tres ocasiones distintas en los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Las peticiones fueron enviadas al titular de la Dirección de Vialidad Provincial, Fernando De Vido y al Ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, Daniel Malich; como así también al subsecretario de Comunicación Social de la provincia, Sergio Recalde.
Como ocurrió en ocasiones anteriores con otros relevamientos de Ruido, Formosa se mantiene como una provincia opaca en lo que refiere a información pública, sin brindar datos.
Aclaración sobre la actualización de montos en un contexto inflacionario:
Debido a que la inflación impide comparar montos en pesos de años diferentes, se realizó una actualización de los mismos al equivalente de su valor en febrero de 2022, siempre que se tuviera el dato de la fecha a la que correspondía el monto original.
Para realizar la conversión se utilizó una base de precios construida para resolver los problemas de los datos oficiales entre 2007 y 2015. Así, se utilizó el IPC de INDEC hasta 2006, IPC San Luis desde 2007 hasta 2012, un promedio de IPC San Luis e IPC CABA para 2013-2016 y desde entonces los datos del IPC de INDEC.
La Base de precios fue confeccionada por la socióloga Sol Minoldo a partir de una base realizada previamente por su colega Diego Born.
El informe completo de RUIDO: click aquí
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