Por: Franco Medina
42 grados de sensación térmica. Hasta los árboles de mango rompen las veredas de cemento para buscar una sombra. Podría ser la entrada al infierno, pero es una siesta de verano en D`augero e Ingeniero L. Huergo, una esquina del barrio Villa Jardín en Formosa.
Antes, unos metros más atrás, había un balneario natural. La arena y el pasto se perdían en el río Paraguay que tenía un color azulado. Lotes más adentro, era una zona muy verde y productiva donde se cosechaban hortalizas para abastecer a la provincia. Había chacras y pocas casas. Antes, se inundaba.
Ahora, en el balneario está el Puerto Nuevo que nunca funcionó porque las embarcaciones se encallan y es una zona frecuente de paseros. El agua se volvió marrón por los desechos de UNITAN, del extinto matadero y la extinta fábrica de jugos Citrex. Se transformó en una zona de quintas, mansiones y todavía pocas casas. Ahora, no se inunda más.
Las cuatro manzanas del pintoresco Villa Jardín, son conocidas por ser “el barrio donde nadie se enoja”. Pero un día, alguien se enojó.
En esta esquina, desde 1985 a 1989 funcionó una comisaría para menores en la que torturaban a niños pobres. Del incendio ocurrido el 16 de octubre de 1989, solo queda el silencio y un monolito que recuerda a los ocho muertos.
–Ellos murieron por libertad, no solamente de ellos, sino del pueblo.
***
Después de la última dictadura cívico-militar la situación económica del país se profundizó y Formosa no estaba ajena al caso. Históricamente hubo concentración de tierras en pocas manos, polarización de clases y poco apoyo a las actividades productivas. La pobreza y el éxodo de personas a la capital de la provincia aumentaba. En 1984, del total de niños en edad escolar hasta los 12 años, el 30% estaba desnutrido. Al no tener que comer salían a la calle a vender yuyos, chipa, diarios, lustrar botas y a pedir o robar para comer. En algunos casos, la policía los obligaba a robar para ellos. Para 1988, un informe del INDEC, determinó que en Formosa había una población de 67 mil jóvenes, de los cuales 6 mil entraban por año al juzgado de menores, cerca de un 10% del total.
–Yo notaba que entre dormir en su casa y dormir en la calle, preferían en la calle porque al otro día alguien les daba un pan, y en su casa nada –recuerda el profesor Luis Romero, licenciado en Historia y director del instituto de menores en 1989.
La sociedad es conservadora. El modelo de provincia siempre fue para la minoría de empresarios y dirigentes políticos. Ellos tenían miedo y veían perjudicados todos sus sentidos al ver estas criaturas deambular por las calles, entonces a través de los medios de comunicación reclamaban un lugar donde se los pueda contener, porque la Ley Patronato -el Estado disponía arbitrariamente de los menores que consideraban “delincuentes” y “material o moralmente abandonado”- y el instituto de menores no eran suficientes.
En 1985, durante la gobernación de Floro Bogado y por disposición -Nº 051/85- de la Jefatura de Policía a cargo de Hugo Hernán Molina, se crea la comisaría del menor. Bajo la aprobación del ministro de Gobierno, Vicente Bienvenido Joga. La detención de menores en cárceles estaba prohibida por tratados internacionales, por la Constitución Nacional y Provincial, sin embargo nadie hizo un reclamo al respecto. Ni Adriana Bertolozzi de Bogado, ministra de Acción Social a cargo de la dirección de minoridad. Tampoco la Legislatura, el juez de menores Héctor Gallardo y mucho menos Alfonso Pilar Campos, el secretario de Derechos Humanos de la provincia.
El objetivo era que ese lugar sea “una medida correctiva, disciplinaria y reflexiva” para quienes tengan “graves trastornos de conducta, por su peligrosidad o su carácter de reincidente, dada la incapacidad para contenerlos que padecen los institutos dependientes de Minoridad y Familia de la provincia”. No podían estar más de 48 horas detenidos, pero muchos chicos estuvieron semanas e incluso ocho meses. La comisaría no tenía celdas convencionales: eran dos habitaciones de 3x3 sin baño, una puerta estándar y un ventiluz de aproximadamente 60 x 30 cm, ambos con rejas y candado. Adentro había entre dos o tres camas y 8 niños en cada pieza divididos en menores y mayores. A veces eran un poco más, muy pocas veces un poco menos.
A la comisaría también eran llevados menores de clase media, pero estaban muy pocas horas porque avisaban a los padres y los retiraban. Quienes quedaban detenidos para cumplir con el proceso reflexivo eran los pobres. Es imposible saber cuántos fueron torturados, lo que sí se sabe es que desde su creación fue un plan sistemático. En 1986 y 1988 -dos veces- hubo otros incendios generados por los internos para reclamar por el trato que sufrían, pero no hubo víctimas y el fuego se pudo controlar, entonces no importó en el centro de la ciudad. El 16 de octubre de 1989 la situación fue distinta, murieron: Luis Alberto Dañacón (12 años); Agustín Rodas (15 años); Victor Celestino Sanabria (16 años), Edgar Benítez (14 años); Roberto Carlos Del Valle (16 años); Angel Moreno (17 años); Gustavo Benítez (16 años); Walter Wilfrido Aguilar (12 años).
De ellos, ninguno tenía una causa penal, solamente tres podrían haber estado imputados por la “comisión de delitos”. Dañacón era un niño indígena que fue detenido por “vagancia”. Benítez, para una asistente social, él y sus hermanos eran los “típicos casos” que pasaron por todos los institutos. Moreno y Sanabria, por no tener documentos cuando la policía los interceptó caminando en el barrio Guadalupe. Víctor ese día podría haber estado libre si la secretaria del juzgado, Marta Zuchett, no le exigía al padre la partida de nacimiento de su hijo, a pesar de que ese documento se encontraba en dos expedientes distintos en el mismo juzgado. El 6 de diciembre de ese año -Acta 1756- Zuchett fue apercibida por perder documentación de otro caso. Años después fue jueza. Los menores que sobrevivieron y no estaban heridos fueron trasladados por un mes, a Herradura, a 40 kilómetros de la capital.
Desde el momento que abrieron el candado para sacar a los niños y adolescentes de ese infierno, se generaron muchas dudas y pocas certezas. Cómo muchas cosas que pasan en Formosa.
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–¿Cómo me encontraste?
Fueron las palabras que escuché de Luis Romero después de que me saludara e invitara a sentarme. Su curiosidad tiene un punto. Después del incendio prácticamente no fue nombrado en los medios de comunicación, pero fue uno de los que más hizo por los chicos de la calle.
–Yo los conocía a casi todos, si era callejero como ellos –relata mientras ceba un mate.
Luis detrás de los anteojos y la barba blanca tiene una mirada determinante pero simple. Escucharlo hablar sobre la comisaría del menor es ver imágenes de una película sobre el nazismo, pero pasó en democracia y en Formosa, a 4 km del centro de la ciudad.
–Antes del incendio nosotros denunciamos todo lo que pasaba, pero nadie hizo nada. La sociedad nunca hizo nada, el juez de menores tampoco. Los psicólogos, asistentes sociales, médicos, nadie. Todos ocultaban.
Los chicos salían de las celdas solo para comer y eran obligados a hacer sus necesidades en un balde de pintura de cinco litros que cuando rebalsaba les generaba distintas enfermedades, además de convivir entre gusanos. Les daban la comida fuera de horario y la mitad de lo que les correspondía, si no querían comer porque era muy fea, les pegaban patadas o con la cachiporra. Eran sacados al patio y les tiraban agua con una manguera hasta el cansancio, sin importar el calor, el frío o si lloraban. Cuando los policías se aburrían o llegaban ebrios, obligaban los chicos a tener sexo entre ellos o con una perra de la calle, sino eran castigados. “Nos golpeaban e incitaban a la homosexualidad mientras los guardias se reían y aplaudían”, relataron casi en unanimidad los sobrevivientes el 18 de noviembre de 1992, en el juicio oral y público. “Había un interno con desviaciones homosexuales al que los guardias lo obligaban a hacer todo tipo de cosas con los otros presos a cambio de azúcar, yerba o comida”, declaró otro chico. El interno que menciona, en ese momento tenía entre 12 y 13 años.
Uno de los policías que más los torturaba era Héctor Rubén “Comanchero” Maidana. Los niños cada vez que lo veían abrir la reja a la noche gritaban y se abrazaban como si soñaran la misma pesadilla, pero todo era real y el monstruo estaba vestido de azul. El 15 de octubre, un domingo día de la madre, Maidana sin estar de guardia se encontraba en la comisaría comiendo asado y tomando vino. En un momento los detenidos interrumpieron el banquete para pedir ir al baño, entonces el comanchero los hizo salir a los golpes obligándolos a ranear. Recién cuando lloraron del dolor los hizo parar, y antes de meterlos a las celdas mezclados, cumplió con el ritual de tirarles agua. Al otro día, a las una y media de la tarde no había nadie en la comisaría. El jefe de guardia, Fidencio González se había retirado y el oficial Juan Franco se fue a buscar comida. ¿Qué podrían llegar a hacer unas criaturas encerradas y con miedo?
Cansados de vivir en el límite de lo que un ser humano podía soportar, un grupo pasó el fuego a la celda de al lado. Colocaron la cama cucheta con los colchones de goma espuma delante de la reja y en segundos las llamas empezaron a rozar el techo. Buscaron que el infierno se terminara, pero el que había quedado a cargo era el comanchero. Después del incendio se elaboraron muchas hipótesis de por qué no estaba dentro de la comisaría: Se fue a pescar, se fue cerca a ver un partido de fútbol, se fue ahí nomás con una novia, era pirómano.
–Fue un lapso de 4 a 6 minutos que dejé a los menores solos para atender un llamado telefónico en la guardia cuando se desató el incendio. Regresé y el fuego ya era intenso– declaró el 17 de noviembre de 1992 en el juicio.
Uno de los sobrevivientes testificó que Maidana tardó cerca de media hora en volver a su puesto de trabajo.
En el Instituto de Menores, que estaba ubicado en la avenida González Lelong y Córdoba, los chicos se enteraron enseguida lo que ocurrió en el barrio donde nadie se enoja. Por la desesperación que les agarró empezaron a romper todo y a gritar. Luis era el director.
-Señor los chicos están rompiendo todo-le avisó el celador por teléfono.
-Dejales-
-Pero señor, están rompiendo todo-
-Dejales que rompan, yo entiendo, no les digas nada. Ya voy-
Los menores se calmaron, se bañaron y fueron al hospital Central a ver cómo estaban los demás. Luís entró solo porque conocía al médico.
–Luis hay algunos chicos que no van a pasar la noche–
–¿Y Edgar?–
–Edgar no va pasar de la noche, está orinando sangre–
***
Luis Romero se hace cargo del Instituto en agosto de 1989, en ese momento había alrededor de 12 menores. Al mes tenía 32 a cargo. “No tenía sentido dejarlos encerrados, me decían que se querian levantar temprano para buscar trabajo y yo les daba permiso. Eso tenía que ser como su casa, que coman, descansen y vayan a la escuela”, explica. Después del incendio renunció por problemas con el ministerio, entonces le dijo a los chicos para organizarse y armar algo distinto que les permita sostenerse en el tiempo y poder desarrollarse.
Con el apoyo económico de Unicef y de Graciela Fernández Meijide que lo ayudó a tener contactos a nivel nacional, fundaron Un Lugar de Encuentro. Estaba ubicado por la Calle San Martín y Corrientes cuando toda esa zona era un descampado porque pasaba el ferrocarril. La municipalidad hace correr el relato de que ese predio es del municipio. Ahora pertenece a Acción Social y tiene un cartel en el portón donde aclaran que solo puede entrar personal autorizado, pero las casas iglú las hizo un indígena porque en la asociación contaban con poco presupuesto y estas construcciones son rápidas y baratas.
Después de la inauguración en la que soltaron globos negros y blancos en homenaje a los fallecidos, empezó a funcionar lo que se plantearon como la antítesis de la comisaría del menor. Era abierto, libre y democrático. Los chicos manejaban el lugar, armaron una especie de cooperativa en la que pusieron sus propias normas, entre otros puntos, estaba prohibido fumar y drogarse. Ellos limpiaban, cortaban el pasto y elegían el menú cada 15 días a través de asambleas y reuniones. Dentro de los iglú podían bañarse, descansar, leer o estudiar, y afuera jugar al fútbol o al voley, El objetivo que tenían era prepararse para la vida, hacían mucho hincapié en la educación y en la lectura, lo que les permitía tener voz en congresos universitarios en distintas partes del país en las que se trataba la problemática de los menores en la calle. “Muchos dicen ´ellos son violentos´, pero nadie dice de las políticas que se aplican es mucho más violenta y ellos tienen que soportar”, enfatiza Luis. En muchas ocasiones los niños llegaban a la asociación con algunas costillas rotas después de pasar una noche en la comisaría.
El profesor recuerda que todos eran chicos que querían estudiar, la mayoría de los que pudieron hacerlo terminaron el secundario y otros trabajan: “Son como cualquiera, como vos, como yo”.
–Un día estábamos en la plaza San Martín, la plaza vieja, donde estaban las hamacas nomas. Había una luz y yo me sentaba ahí porque si la policía me veía no jodía a los chicos. Estaban todos los mitaí y uno de los sobrevivientes de la comisaría del menor tenía 17 años y no se sabía hamacar.
Se generó un silencio de 3 segundos que Luis lo rompió.
–¡No se sabía hamacar!, ¿Qué te dice eso? No tuvo infancia, de 5 a 6 años pasó a la adultez, a pelear por su vida.
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En el incendio falleció Luis Alberto Dañacón, unas horas más tarde Agustín Rodas y Victor Celestino Sanabria. Edgar murió en la madrugada del martes 17. Los demás permanecieron muy poco tiempo en el hospital Central.
En 1989 la provincia ya convivía con un nuevo gobernador, dos años antes fue electo Vicente Joga. Entonces había que hacer algo, no se podía saber lo que pasaba en la comisaría del menor, quienes estaban ahí, ni por qué eran detenidos.
Los tres poderes del Estado vieron que el aparato represivo quedaba al descubierto, así que empezaron a utilizar todos sus recursos para desligarse del lugar que nunca debió existir. Algunos mostraron indignación y desconocimiento, otros fueron distraídos e hicieron mal su trabajo y el gobierno, silenció y extorsionó. “Después de que sucedió el hecho se puso fuertemente en la agenda pública toda la cuestión de los menores y en las condiciones en la que estaban”, recuerda Fernando Carbajal, diputado nacional -UCR- por la provincia de Formosa y abogado que intervino en la causa civil de la comisaría del menor.
En una gestión fugaz del ministro de Salud Pública, Antonio Ferreira, y el embajador en Paraguay, Floro Bogado, trasladaron a los menores a que se recuperen en el Instituto del Quemado en Asunción. A pesar de que el Hospital del Quemado en Capital Federal era de referencia a nivel latinoamericano, decidieron rechazar esta alternativa “por la escasa disponibilidad para recibirlos en los centros especializados”. Para el 26 de noviembre, falleció Gustavo Benítez, el último de los menores que había resultado herido. Unos meses más tarde, un fallo de la Cámara del Crimen, firmado por Eduardo Hang y Jorge Aguirre, consideró “sugestivo” el traslado de los sobrevivientes a un país extranjero, “privandose con ello a la investigación de lo que pudieran declarar sobre el particular”.
A los pocos días, la fundación Ñande Mitá, denunció que la noche en que intentaban recuperar los cuerpos y se realizaban los trámites para velar a todos los chicos, un funcionario del gobierno presionó a Marcilio Leguizamón, presidente de la asociación, para que los velatorios se hagan en los domicilios particulares y no todos juntos en la parroquia San Luis Rey. El objetivo era evitar una “convulsión social”. Ante la negativa, el mecanismo se extendió a los familiares a través de prebendas y la compra de cajones. En algunos casos tuvieron éxito.
Recién un mes y medio después del incendio el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Alfonso Pilar Campos, esbozó un primer comentario en el cual justificaba que el organismo a su cargo no realizó ninguna declaración sobre la comisaría del menor porque “se abocaron integralmente a la prestación de apoyo a los familiares de los menores fallecidos”.
Habían pasado más de dos meses del incendio y el Poder Ejecutivo no emitió nunca un comunicado, un pesar, ni dio a conocer si llevaba a cabo investigaciones.
La Legislatura sintió la responsabilidad de hacer algo, tenían que mostrarse más humanos. Entonces armaron una comisión investigadora: descubrieron que se trataba a los menores con extrema dureza cuando en la provincia había un marco legal para abordar esta problemática, y que el Poder Ejecutivo debía mejorar las políticas dirigidas a los más desprotegidos. También recomendaron eliminar la comisaría del menor y limitar las funciones de la policía en la represión a los menores. En el primer punto el gobierno superó las expectativas, porque casi instantáneamente demolió la comisaría.
Otra medida de los diputados provinciales fue un juicio político contra el juez de menores Héctor Gallardo. Algunos recuerdan al hombre como una buena persona, que reclamó mucho por los chicos pero nunca le hicieron caso. Otros, como un putañero que andaba preocupado por hacerse el lindo, y también lo describen como un tiro al aire. El 30 de octubre de 1989, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Ariel Coll, confirmó que en mayo de ese año el juez de menores elevó una nota al STJ en la que pedía solucionar los problemas de infraestructura en la comisaría del menor y solicitaba políticas rectoras en materia de minoridad. Coll dijo que a las 48 hs de recibido el pedido lo enviaron al Ministerio de Gobierno y “reacondicionaron” la Comisaría del Menor. Antes de ser destituido, “El Pato” como lo llamaban sus conocidos, declaró: “En vez de convertirme en un buen padre de familia y defender a los chicos, preferí defender a la sociedad”.
Mientras todo esto ocurría, el juez del crimen Nº2 de Formosa, Rubén Castillo Giraudo, dictó prisión preventiva para Héctor Maidana, Carlos Ayala y José María Ruiz por ser materialmente responsables de la comisión de los delitos de vejaciones, severidades y apremios ilegales agravados. En el fallo también decidió procesar a 6 guardias, al jefe de la policía y a la directora de Minoridad y Familia, Rosa Leguizamón. Además de solicitar al presidente del STJ, en su carácter de titular de Jurado de Enjuiciamiento, recibir declaración testimonial conforme de los ministros de Gobierno y de Acción Social Wilfrido Zamudio Godoy y Héctor Pastor, respectivamente.
Al otro día de la decisión del juez, el 29 de noviembre de 1989, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) filial Formosa, le pidió a Joga la renuncia de Samudio Godoy, Pastor y Leguizamón. “Un castigo ejemplificador para aquellos que, por acción u omisión, fueron directos o indirectos de la más aberrante violación a los derechos humanos que se conozca en todo el país desde el advenimiento de la democracia”, dice parte del pedido.
–En ese momento en el diario La Mañana publicamos varias notas, pero cuando nos preguntamos dónde estaban los fósforos, por qué los chicos lo tenían o por qué había colchones de goma espuma si estaba prohibido, entre otros interrogantes, el diario no lo quiso publicar. La sociedad se daba cuenta que fue parte de esta situación tan grave– recuerda Leonardo Dell´Unti, presidente de la APDH en ese momento.
Habían pasado más de un año del incendio y el Poder Ejecutivo no emitió nunca un comunicado, un pesar, ni dio a conocer si llevaba a cabo investigaciones.
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El caso parecía avanzar, pero en Formosa, la justicia y la verdad nunca fueron amigas. El 21 de junio de 1990, la Cámara del Crimen decidió anular la mayor parte de lo hecho por Castillo Giraudo porque se equivocó de código procesal. Su error le iba a traer consecuencias: cuatro meses más tarde, casualmente en octubre, parte de la Legislatura lo promovió para camarista y pasó a integrar el Tribunal Criminal de Segunda Instancia junto a los jueces que le anularon su resolución.
Esta irregularidad no fue la única. Los fiscales iniciaron la causa solo por “presuntas vejaciones”, apuntaron directamente a los policías, sin considerar responsabilidad del poder político en el incendio y previamente a esto. Como si no fuera suficiente, el presidente del Tribunal del Juicio fue Carlos Ontiveros, que en esta misma causa actuó como abogado defensor de la directora de minoridad. Pocos años antes fue asesor letrado del ex gobernador de facto Juan Carlos Colombo, condenado por delitos de lesa humanidad. Pocos años después, cuando ocupaba el cargo de Procurador General de Formosa, fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sitiar junto con la policía y un juez el barrio Nam Qom en 2002. En este hecho las víctimas denunciaron torturas mientras les gritaban “indios de mierda”. Cuando fue puesto como presidente del Tribunal, ningún fiscal hizo un reclamo. En la demanda civil por daños y perjuicios, a la fiscalía de Estado le parecía repulsivo que menores salgan a la calle sin documentos o a pedir comida para no morir de hambre, entonces utilizaron palabras propias del nazismo o de la última dictadura militar, para referirse a las madres y los menores. “Las madres que abandonaron a sus hijos en la calle no tienen derecho a reclamar daño moral alguno”, consideraron los magistrados.
–Fijaron indemnizaciones monetarias extremadamente bajas por los argumentos discriminatorios, cuando todos eran víctimas del sistema– recuerda Fernando Carbajal.
En junio de 1991, Alfonso Pilar Campos volvió a aparecer. En una nota periodística declaró que diez días antes del incendio, Joga le dijo: “Vamos a hacer desaparecer la comisaría del menor porque eso no puede seguir así”. Para no dejarlo tan expuesto al creador del espacio reflexivo, en la misma publicación lo defendió: “En Formosa hay divisiones de poderes, por más que parezca que el Poder Ejecutivo abarca todo. Eso está dado a la personalidad del gobernador Joga, que está un paso adelante de todos los políticos locales”. Cuando fue su turno de declarar en el juicio dijo que apenas conocía la existencia de dicha comisaría. Una respuesta similar dio Héctor Pastor, a pesar de que Acción Social le brindaba asistencia a la comisaría.
Habían pasado más de tres años del incendio y el Poder Ejecutivo no emitió nunca un comunicado, un pesar, ni dio a conocer si llevaba a cabo investigaciones.
El lunes 7 de diciembre de 1992 a las 18 horas, después de todo lo mencionado, la Justicia condenó a cuatro de los cinco policías y sobreseyó a Carlos Caballero, jefe de la comisaría del menor. Héctor Ruben “Comanchero” Maidana: cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por igual término, por ser culpable de los delitos de severidades y vejaciones ejercidas con violencia en concurso real con el de abandono de personas. El cabo Carlos Alberto Ayala: tres años de prisión y seis de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos en las fuerzas de seguridad por encontrarlo autor material de los delitos de severidades y vejaciones con violencia. A los dos oficiales se les aplicó el cumplimiento efectivo de las penas. José María “Paloma” Ruiz: un año de prisión e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos en la fuerza de seguridad por el doble de tiempo, por ser partícipe secundario de los delitos de severidades y vejaciones cometidas con violencia. Para el jefe de guardia, Fidencio “Papi” González: un año y seis meses de prisión por el delito de amenaza agravada por el uso de arma.
El único policía absuelto fue Juan Antonio Franco, que estaba acusado por el delito de abandono de persona y era el principal responsable de la guardia que torturaba a los niños. Para Paloma y Papi, el tribunal declaró en suspenso el cumplimiento de las penas impuestas.
Mientras los sectores de poder intentaban ocultar lo que pasó, otros buscaban justicia. Se hicieron denuncias en congresos latinoamericanos, en algunos medios de comunicación y en otros lugares. Incluso llegó a oídos de Graciela Fernández Meijide, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), que el 15 de diciembre de 1989 viajó a la provincia para conocer el caso con mayor profundidad y lo llamó “El Holocausto de Villa Jardín”. Pero había un problema.
–Nosotros en ese momento llamamos al de Página12 para que viniera al juicio que se le hacía al juez, vino el primer día y después se lo llevaron a Corrientes. El delegado de La Nación cobraba un sueldo del gobierno provincial, lo que publicaron ellos fue la opinión de la policía, y el de Clarín fue jefe de prensa de los militares en Formosa –detalla Leonardo Dell´Unti.
Mientras en la radio suena Te felicito de Shakira y Rauw Alejandro, con el mate todavía en la mano y la voz marcada por la indignación, Luis explica que todo lo que se hizo después del incendio fue para ocultar y calmar las aguas. “Salía uno y decía tal cosa, otro decía otra y así. Por abajo era tremenda la represión que había, si los chicos llegaban al hogar con las costillas rotas. Año 93 te estoy hablando eh”.
–El juicio fue entre la sociedad vs la sociedad, cuando explotó eso ellos mismos buscaron un culpable así podían volver a dormir en paz–.
Pasaron 36 años del incendio y el Poder Ejecutivo no emitió nunca un comunicado, ni un pesar. Pero al menos ya se conoce que no llevó a cabo ninguna investigación.
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Los tres poderes del estado tuvieron un punto en común, el silencio. Y en Formosa el silencio siempre tiene premio.
Al ser una provincia muy católica y evangelista, el perdón siempre está presente, por eso en las elecciones de 1991 Joga fue reelecto como gobernador con el 44% de los votos, sacó casi 11 puntos de diferencia al segundo, y actualmente hay una escuela con su nombre. El ministro de Gobierno, Wilfrido Samudio Godoy, dos meses después del incendio juró como diputado provincial, también fue senador nacional, y a modo de homenaje tiene una calle llena de baches con su nombre. Adriana Bertolozzi de Bogado, esposa de Floro y directora de Minoridad en 1985, juró como diputada provincial en 1989 y fue reelecta en 1993. Antonio Taboada, en el momento del incendio era director del Instituto de Comunidades Aborigenes, cuando Luis Dañacón murió calcinado en la comisaría del menor no dijo nada. En 2013 cuando juró como diputado provincial declaró: “Acompañar este modelo es un verdadero privilegio y nos hace sentir soldados de la causa provincial para acompañar a este gobierno que supo siempre interpretar los sueños de la mayoría de los formoseños”.
Lorenzo Elvio Borrini, es un histórico marionetista de los azules en Formosa, fue Jefe de Policía y formó parte del Gabinete de Joga. En un momento el ex gobernador le dijo a Insfrán: “mejor tenerlo cerca nomás a ese…”. El actual gobernador siguió su consejo porque durante una década fue ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo. En este cargo también manejaba las fuerzas policiales y realizaba espionajes y persecuciones. “Pety” como le decían los amigos, en la última dictadura militar era presidente de la mutual policial: estuvo acusado por desaparición de personas y por destruir, en democracia, un centro clandestino de detención. En 2021 cuando falleció, el gobierno y los medios de comunicación lo recordaron como “una persona inteligente, abierta al diálogo y que jerarquizó a la policía”.
Algunos familiares no se conformaron con el veredicto del juez y hubo intentos de seguir con el pedido de justicia. “Para que se reabra esta causa tendría que ser declarado delito de lesa humanidad y en consecuencia considerar que son delitos imprescriptibles, ese sería el único camino. Lo que puede haber, desde el punto de vista del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la responsabilidad del Estado por no haber investigado bien”, explica Fernando Carbajal. El problema es que una vez que se bajó el mazo del juez nadie volvió a golpear los familiares, ni a preocuparse por los “más desamparados”.
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Algún día de febrero de 2025. En la esquina de D`augero e Ingeniero L. Huergo el pasto está corto y seco. Solo el sector que rodea al monolito tiene yuyos altos y verdes que se esfuerzan en tapar el recordatorio y la cruz de madera que lo custodia. A la izquierda un centro de salud que en abril de 2023 se pasó a llamar “Dr. Héctor Pastor”, en homenaje al ministro de Acción Social en 1989 y presidente del Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) posteriormente. En la imposición de nombres, el gobernador Insfrán lo recordó como una persona “que tuvo esa capacidad de practicar el verdadero humanismo”. En frente del monolito, un cartel gastado del gobierno de Formosa que dice con letras grandes y blancas: “Acá hay un Estado presente”.
La comisaría del menor no fue un caso aislado, un error del cual se aprendió, simboliza un Estado provincial perverso, que siguió matando y ocultando pobres. Antoliano Figueredo, Britez, Darío Galarza, Fátima Belén Barrios -travesticidio-, por mencionar pocos casos. Derrumbado el centro de detención, la policía volvió a una vieja práctica utilizada en la dictadura: tirar a muchos de sus muertos en el riacho Formosa.
–¿Tenía zapatillas?-le preguntó Romero a los padres de un chico que apareció ahogado en el riacho.
–Sí–
–¿Tenía cordones?
–No–
–Entonces estaba adentro de la comisaría–
“Cambiaron los mecanismos, porque ahora hay redes sociales, pero la represión sigue. La comisaría del menor estaba escondida, oculta. A nadie le importaba que caguen a palos a los mitaí, porque los chicos que están en la calle son la mierda de nuestra sociedad”.
Y la mierda siempre flota.
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