Por: Franco Medina
En base a bolsones de comida, regalos para los niños y sus seleccionados abrazos a los más humildes en los operativos, Gildo Insfrán en estos 29 años ininterrumpidos que lleva como gobernador, generó tanta cercanía en la sociedad de Formosa que los más jóvenes lo apodaron “El tío Gildo”. Después, a medida que uno crece estas atenciones que tiene el mandatario cambian, de juguetes pasa a promesas y amenazas camufladas referidas a que sin el modelo formoseño la provincia va a ser apocalíptica. Pero todo este discurso tiene un propósito, aprovecharse de los formoseños para perpetuarse en el poder.
Una prueba clara de esto, la presentó esta semana cuando envió de forma exprés al Poder Legislativo un proyecto de ley para hacer una reforma integral de la Constitución. El argumento del gobernador y los diputados que ayer votaron a favor es la ampliación de nuevos derechos llamados de “cuarta generación”. Para la oposición, es una jugada que busca anticiparse a un posible fallo en contra de la Corte Suprema de Justicia. Razones no les faltan.
La Constitución de Formosa es joven, se aprobó en 1957, pero en los últimos 33 años fue reformada dos veces y ahora se sumará una tercera. En todas se modificaron artículos que permitieron al gobernador y vice permanecer en el poder, y en las tres hubo participación directa de Insfrán.
La primera vez fue en 1991, era necesaria una reforma para incorporar nuevas instituciones y derechos, incluso fue una Carta Magna de vanguardia a nivel nacional. Pero también, mediante el artículo 129, se aprovechó para satisfacer los deseos de Vicente Joga y Gildo para ser reelectos como gobernador y vice, respectivamente.
En 2003, la segunda modificación se aprobó en un contexto de fuerte disputa provincial. El objetivo principal, en este caso, fue la reelección sin límites para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Municipios. A su vez, hubo un retroceso con respecto a la transparencia del Estado, ya que se eliminaron los controles públicos que realizaban los legisladores en cuestiones como la toma de préstamos nacionales o internacionales. En uno de los tantos hechos escandalosos que se vivieron en ese momento, quizás el más recordado es cuando el gobernador, en una operativo de película, metió preso en pleno centro de la ciudad a Carlos Gerardo González, miembro del Superior Tribunal de Justicia, justamente un día después de que fallara en contra de la reelección. Casualmente quien lo denunció fue Armando Felipe Cabrera, diputado provincial hace más de 15 años ininterrumpidamente y que este jueves votó a favor de otra reforma.
En esta nueva reforma que se dará en un corto plazo, el oficialismo sin entrar en detalles, utiliza como uno de sus escudos seguir los pasos de 12 provincias que ya hicieron modificaciones a su Carta Magna. En los 90 si hubo un ciclo de cambios constitucionales en las que muchas provincias, por ejemplo, agregaron artículos referidos a reelecciones, pero actualmente no ocurre esta ola que mencionan. La realidad es que Gildo en estos últimos años se siente cada vez más cuestionado y desprotegido a nivel nacional.
Si bien está congelada la oposición por parte del gobierno nacional, no deja de ser un hielo que se puede derretir en cualquier momento. Tal es así que, quizás en uno de los pocos momentos donde el gobernador bajó la cabeza, le pidió a Joga que “junte a su gente” para no perder votos ante los libertarios. A esto se le suma las reformas constitucionales de La Rioja y Jujuy, en la que ambas modificaron sus artículos referidos a la reelección y/o Ley de Lemas. Lo mismo puede ocurrir en Tucumán, en donde el gobernador, Osvaldo Jaldo, propuso reformar la Constitución para modificar el sistema de acoples. Quienes realizan estos cambios, son provincias que tienen un sistema electoral perjudicial para la democracia. Por estas razones, si Formosa no sigue los pasos, los mecanismos que utilizó el gobernador para permanecer en el poder quedarán cada vez más expuestos.
En este proyecto de ley, la eliminación de la reelección indefinida para anticiparse a la decisión de la Corte y así tener uno o dos mandatos más, no es lo único que preocupa. Dentro de los objetivos muy generales que plantea el gobierno, en el artículo 2C, declara como causa provincial la construcción de distintos acueductos para el derecho de la comunidad al agua. Lo que no se detalla es que Formosa para el asesoramiento de los recursos hídricos firmó un acuerdo con la empresa estatal israelí, Mekorot, que además de ver al agua como una mercancía que las personas deben pagarla para valorarla, también fue denunciada por distintos países y organismos internacionales como la ONU o Amnistía Internacional, de utilizar el agua como método de extorsión contra Palestina y Cisjordania. Casualmente o no, en Argentina las provincias que firmaron acuerdo con Mekorot son territorios interesados en las megamineras y la extracción de litio, que consumen millones de litros de agua. Una contradicción con respecto a varios artículos que pretenden modificar.
Otra discusión es si dentro del fortalecimiento de políticas ambientales que mencionan van a respetar la Ley de Bosque o a prohibir el uso del glifosato como lo hizo Misiones, un herbicida tóxico que no sólo afecta a los pequeños productores, sino también al suelo, al agua y a las personas. Si se tiene en cuenta la amistosa relación del gobierno con las grandes empresas que usan este producto, sumado a que muchos funcionarios públicos con campos también lo hacen, todo parece indicar que acá tampoco se van a respetar varios derechos.
Otro punto que no mencionan como primordial es el derecho de los ciudadanos a controlar a los funcionarios públicos, por ejemplo con el acceso a la información pública, un derecho humano que tenemos todas las personas ya que son nuestros representantes y gobiernan para el pueblo.
Además, un dato no menor es que a diferencia de la Constitución Nacional, en las dos reformas de la Carta Magna provincial y en la que vendrá, no se establece la prohibición a que funcionarios de la dictadura ocupen cargos públicos en democracia. Por eso en Formosa todavía hay policías, funcionarios y jueces que siguen en funciones y juraron durante el gobierno de facto.
Son varios los argumentos que sostienen que esta decisión política de Gildo Insfrán es un nuevo cuento del tío para anticiparse a un fallo en contra de la Corte Suprema de Justicia y así permanecer uno o dos mandatos más. Ahora que el proyecto ya pasó a ser ley, habrá que estar pendiente de que no ocurra lo mismo que pasó en Jujuy en 2023 durante su reforma constitucional, en la que recién sobre la fecha de votación se conoció la propuesta de los convencionales. Sumado a esto, los pueblos indígenas no fueron consultados y no se conocían en detalles muchos artículos que perjudicaban a la sociedad.
Los ciudadanos tienen que exigir saber los artículos que se van a proponer y si los funcionarios creen en la democracia deben difundirla y explicarla por todos los medios que tengan a disposición. Si no lo hacen es nuestro deber reclamar, ninguna persona a nivel nacional o internacional va a llegar a los gritos para salvar a Formosa del hombre malo. Los ciudadanos tienen que defender sus derechos y garantías porque en la política no hay superhéroes.
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